La Iglesia Católica Apostólica Romana, pues de ella se trata, desde que se convirtió en religión oficial del imperio decadente de Roma ha elegido, deliberadamente, aliarse estrechamente con el poder temporal. De ahí su larga y exitosa supervivencia.
En nuestro país la íntima comunión de casi todos los obispos con el Proceso de Reorganización Nacional la llevó a cohonestar el principio, entre otros no menos perversos, de que las torturas aplicadas a una persona están legitimadas si a través de ellas se obtiene información que contribuye a salvar a otras.
Precisamente la misma teoría que reconoce Bush (hijo) en su libro de memorias al autorizarlas en la lucha imperial contra el terrorismo internacional.
Monseñor Plaza y Monseñor Laise, por nombrar solo a dos, eran los curas más ultramontanos que avalaban sin tapujos la cruenta acción de los grupos de tareas.
Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, afirmó que "la Iglesia fue partícipe de la
dictadura" militar, al declarar hoy como testigo en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).
"(Jorge) Bergoglio (actual arzobispo de Buenos Aires y en aquella época Provincial de la Compañía de Jesús) entregó a los propios sacerdotes", dijo la testigo ante el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF 5) a cargo del juicio que se realiza en los tribunales de Comodoro Py 2.202, en el barrio Retiro, de esta capital.
"Todos permitieron que torturaran a las embarazadas, pero después se oponen al aborto", agregó Cortiñas al referirse al "desprecio" que padecieron las "madres" por parte de la "alta jerarquía católica y de políticos" en el período en que las juntas militares gobernaron de facto al país tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
La testigo comenzó su relato recordando que su hijo Gustavo Cortiñas fue secuestrado el 15 de abril de 1977 y que desde entonces permanece desaparecido.
La mujer brindó detalles de cómo, junto a otras familiares de detenidos-desaparecidos, formó lo que luego fue la organización "Madres de Plaza de Mayo" y los obstáculos y riesgos que tuvieron que afrontar, en particular durante los primeros años.
En tal sentido mencionó los casos de "madres" que fueron privadas de la libertad (y luego aparecieron muertas) como los casos de Azucena Villaflor -fundadora de la organización- y Esther Careaga.
"La represión fue terrible" y "se llevaban a los hijos, a los hijos de los hijos y a las madres que buscábamos a nuestros hijos", enfatizó Cortiñas.
La testigo también aludió al ex capitán de fragata Alfredo Astiz, uno de los sometidos a juicio, cuando mencionó al "hombre joven, apuesto, siempre tostado" y de físico "muy deportivo" que, bajo el falso nombre de Gustavo Niño, en julio de 1977 se infiltró entre las "madres" argumentando que tenía un hermano desaparecido.
"Ibamos a diarios y agencias", comentó Cortiñas, quien dio precisiones sobre la primera solicitada publicada por la organización, con las identidades de desaparecidos.
La mujer también contó las "sugerencias" que recibieron (entre ellas las del ex vicario castrense Emilio Grasseli, a quien la querella pidió que sea citado a declarar) para abandonar la búsqueda de los hijos, "pero todavía seguimos", destacó Cortiñas.
"Nos trataban como las 'madres comunistas' y de los subversivos" y "tal vez buscaban que nos volviéramos locas, pero cada día estábamos con mayor claridad", señaló la testigo.
"Se los llevaron -a los hijos desaparecidos- porque querían un país para todos" y para que las autoridades de facto pudieran "implementar un sistema económico neoliberal brutal, que generara pobres muy pobres y ricos muy ricos", agregó Cortiñas.
Cortiñas también mencionó al ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz "no como el civil que fue puesto por los militares, sino como el civil que puso a los militares".
Además de Astiz, son juzgados el ex jefe de inteligencia de la Esma, Jorge Tigre" Acosta, el ex canciller almirante Oscar Montes, Ricardo Cavallo, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.
A los procesados se los acusa por un total de 85 delitos de lesa humanidad, entre ellos, además de los casos de Villaflor y Careaga, los de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el periodista Rodolfo Walsh.
El TOF 5, presidido por Daniel Obligado, está integrado por los camaristas Ricardo Farías y Germán Castelli.
